miércoles, 22 de diciembre de 2010

El PP ganaría con mayoría absoluta las autonómicas andaluzas.

Lo prometido es deuda, me comprometí a publicar los datos del BOPA 2010 de IESA extrapolados a escaños en el parlamento autonómico, y aquí están los resultados. La victoria del PP sería demoledora, alcanzando la mayoría absoluta con 60 escaños.

Y es que lo que cuenta a la hora de ganar unas elecciones no son los votos totales obtenidos -que se lo digan a IU o UPyD- sino los obtenidos en cada circunscripción (coincidentes con las provincias en España) puesto que cada una tiene asignado un número de escaños proporcional a su población.

De esa manera, aunque en términos globales habría un intercambio de porcentaje de votos entre los dos grandes partidos de forma que pudiera parecer que el PP simplemente rozaría la mayoría absoluta, al examinar los datos por circunscripciones la cosa cambia considerablemente y la ventaja del PP se acentúa ganando en casi todas con una holgada diferencia.

En Málaga la debacle socialista sería tremenda al doblar el PP la inteción de voto del PSOE, en Almería habría una diferencia de más de 25 puntos a favor del PP, y en las provincias de Granada, Cádiz y Córdoba la ventaja del PP oscilaría entre los 15 y 20 puntos. En Huelva y Jaén la victoria de los populares sería más discreta sacando de diferencia en torno a un punto porcentual y en Sevilla sería la única circunscripción donde ganarían los socialistas aunque reduciéndose drásticamente la gran ventaja de las pasadas elecciones.

Los datos proceden de la siguiente tabla del barómetro, que han sido extrapolados descontando indecisos, abstencionistas y NS/NC.


De tal forma el parlamento quedaría distribuido de la siguiente manera.

Composición actual del parlamento tras las elecciones de 2008.

OP: Hundimiento socialista.

El socialismo andaluz se desmorona. Cada nueva encuesta tiene, en las entrañas del partido, el efecto de un explosivo barrenado. Como sucede con la voladura de cualquier macroestructura, los primeros impactos son poco visibles pero las grietas van resquebrajando la médula hasta un punto de no retorno hacia el hundimiento. Esa es ya la realidad que refleja el último dato demoledor del centro andaluz de investigaciones sociológicas: el PP toma ventaja de casi diez puntos. No se entendería que se derrumbara así un partido con treinta años en el poder -desde la mayoría absoluta a la minoría absoluta cayendo veinte puntos en media legislatura- pero de hecho ese desenlace llevaba tiempo larvándose de forma silenciosa. Las estructuras pesadas tardan en resquebrajarse, pero son irrecuperables desde que falla su equilibrio. Y la catástrofe para el socialismo andaluz estaba ahí cuando Ferraz ordenó salir a Chaves. Cada lista del paro hasta superar la cota del millón, cada informe PISA retratando el fracaso decepcionante de un modelo, cada ranking en el furgón de cola, ha sido un golpe más a la estabilidad; y ahora ya ni siquiera queda el poder de la marca PSOE. El branding, según Tom Peters, el gurú de Stanford, necesita 'valor, credibilidad y singularidad'; y los tres son esenciales para la identidad. Ahí está el tumor.

Las encuestas para las municipales delatan ese plus de penalización por la marca. Y al PSOE ya sólo le queda aferrase a sus mejores liderazgos. Pero en Andalucía hay un vacío. Griñán, que se empeña en ir de Pepe como si eso le conectara con el pueblo andaluz, parece autista mientras a su alrededor hay un colapso. Desde su discurso regeneracionista de investidura, nunca ha transmitido un nuevo liderazgo, y ni siquiera el viejo liderazgo. Está casi desaparecido, o al menos invisible. ¿Cómo es posible que el presidente carezca de algo tan elemental como una agenda política potente de alta visibilidad? Sólo hay una respuesta: la mediocridad de sus asesores desde el adiós del Rasputín de Jaén, cuando arrumbaron su maquinaria temible de propaganda como un trasto herrumbroso. Entretanto, Arenas pasa el fin de semana de localidad en localidad; y presume del record de kilómetros recorridos. Puede parecer estúpido, pero es una unidad de medida real. En cambio, el presidente está kaputt y ni siquiera utiliza la agenda institucional para darse pisto, o se limita a discursos cómodos como el ecofeminismo. Su rival ha mimetizado el modelo Bono, con los fines de semana en autobús de pueblo en pueblo, y en cambio es fácil imaginarse a Griñán encerrado oyendo una ópera mientras el poder se está desmoronando a su alrededor como Pompeya en los grabados de Piranesi.

Opinión de Teodoro León Gross para Sur.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Informe IESA 2010.

Hoy se ha publicado el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía (BOPA) correspondiente al año 2010 que realiza el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), empresa pública de la Junta de Andalucía.

Desde hace semanas se esperaba con impaciencia, principalmente por los datos en intención de voto que recoge. Ya en el BOPA 2009 se vaticinó la victoria del PP por primera vez en Andalucía por ello tanta impaciencia por conocer los datos del BOPA 2010.

Pues bien, ya están aquí y le dan al PP la victoria rozando la mayoría absoluta, esto confirma que la debacle del PSOE producida en las recientes elecciones de Cataluña podría repetirse en Andalucía, feudo socialista por excelencia.

Pero el IESA no se arriesga a dar datos de escaños en el parlamento, limitándose a dar los porcentajes de votos que obtendría cada fuerza política, así que me entretendré en calcularlo partiendo de esos datos y lo publicaré lo mas pronto posible.


Ver informe completo

sábado, 18 de diciembre de 2010

OP: Tópicos de Andalucía.

Si con trescientos mil pavos se pudiera acabar con los tópicos de Andalucía, cincelados por dos o tres mil años de genuino color local, habría que sacar a Griñán por la puerta grande. Pero se trata de un órdago ilusorio, sin una mínima oportunidad de éxito aunque cuadrupliquen ese presupuesto. Los tópicos no se destierran por decreto, y tampoco con técnicas de publicidad, aunque los magos del marketing sean capaces de modular un puzzle de veinte segundos para proyectar un paisaje al sur de Despeñaperros con trenes de alta velocidad, laboratorios de high-tech y energías limpias de huertos solares y molinos de diseño frente al Mediterráneo entre palacios árabes y olivares hasta el horizonte. La publicidad puede inventar la percepción de la realidad, al menos para vender un perfume como si cada gota fuese el veneno de la pasión al 100x100 o un coche para disfrutar de las carreteras prohibidas del paraíso, pero la realidad sigue ahí. Tan pronto como Andalucía reaparezca en los titulares con los resultados del informe PISA con el telón de fondo de otro show de Los Morancos entre miarmas y omaítas, la estela de ese spot se habrá desvanecido como la huella de un cometa en la oscuridad.
Los tópicos se decantan a través del curso de la Historia; y para deshacerlos hace falta reconducir el curso mismo de la Historia. Desde luego no basta con un buen spot filmado con talento por Bassat (y la elección de esa agencia catalana, importando creatividad, quizá sea la primera mala señal de esta campaña) excepto que sólo se trate de lavar la mala conciencia de los dirigentes andaluces con un espejismo publicitario para engañarse a sí mismos pensando que las cosas no son como realmente son. Si se trata de eso, entonces sí. Debe resultar duro oír a políticos de Cataluña o Madrid hacer ironías de sal gorda hurgando en las heridas, aunque en definitiva Puigcercós o Esperanza Aguirre sólo son un altavoz esperpéntico de los tópicos reales que ayer repiqueteaban masivamente en Internet muy lejos de la retórica oficial. Y ahí es donde duele, no en los trajes de faralaes o la fonética del miarma, sino los rankings económicos, educativos, industriales, culturales, profesionales, tecnológicos o de bienestar. La izquierda puede abandonar el poder después de treinta años con la vergüenza histórica de no haber planteado realmente esa batalla en la política educativa, la cultura oficial o la televisión pública. Por eso se aferran al espejismo de los eslóganes publicitarios. Vender 'Andalucía 10' es una tentación sugestiva, si le quedara alguna mínima credibilidad a toda esa literatura de la California del sur de Europa que se repite como un mantra desde los años ochenta.

Opinión de Teodoro León Gross para Sur.

lunes, 6 de diciembre de 2010

La Constitución Española.

Hoy se celebra el día de la Carta Magna que el 7 de Diciembre de 1.978 los españoles aprobaron por referéndum. En su articulado se recogen las normas de la nación española, entre ellas la organización territorial del Estado.
No viene mal que en este día, y dado el clima de reflexión sobre el estado autonómico que se vive actualmente, repasemos el Título VIII de la Constitución donde se hace referencia a dicho tema.

TITULO VIII

De la Organización Territorial del Estado


CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales


Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local


Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas


Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Titulo y en los respectivos Estatutos .

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.


b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere al apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1ª) Organización de sus instituciones de autogobierno.

2ª) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3ª) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

4ª) Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5ª) Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable .

6ª) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

7ª) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

8ª) Los montes y aprovechamientos forestales.

9ª) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10ª) Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma: las aguas minerales y termales.

11ª) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

12ª) Ferias interiores.

13ª) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

14ª) La artesanía.

15ª) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

16ª) Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

17ª) El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

18ª) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19ª) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20ª) Asistencia social.

21ª) Sanidad e higiene.

22ª) La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1ª) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2ª) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3ª) Relaciones internacionales.

4ª) Defensa y Fuerzas Armadas.

5ª) Administración de Justicia.

6ª) Legislación mercantil, penal y penitenciaria: legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7ª) Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8ª) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9ª) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10ª) Régimen aduanero y arancelario, comercio exterior.

11ª) Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.

12ª) Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13ª) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14ª) Hacienda general y Deuda del Estado.

15ª) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16ª) Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17ª) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18ª) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistemas de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19ª) Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20ª) Marina Mercante y abanderamiento de buques: iluminación de costas y señales marítimas: puertos de interés general; aeropuertos de interés general: control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21ª) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones: tráfico y circulación de vehículos a motor: correos y telecomunicaciones: cables aéreos, submarinos y radiocomunicación .

22ª) La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad autónoma. y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23ª) Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24ª) Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25ª) Bases del régimen minero y energético.

26ª) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27ª) Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28ª) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29ª) Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30ª) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31ª) Estadística para fines estatales.

32ª) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas. el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atención esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1º) El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2º) Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3º) Se si alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4º) Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5º) De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2º) de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4º) y 5º) del apartado anterior la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias, no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general,

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.