Se cumplieron los pronósticos. El PSOE se derrumba y la marea azul llega al Valle del Guadalquivir.

Ya lo venían anunciando las encuestas, el PSOE iba a perder muchos votos en Andalucía y el PP podría ganar las elecciones y así fue al final. El 22M ha supuesto el mayor varapalo en la historia del socialismo andaluz. El PP ha ganado por mayoría absoluta en 11 de las 12 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes (las 8 capitales de provincia más Jerez, Marbella, Dos Hermanas y Algeciras), los socialistas sólo han ganado en Dos Hermanas, feudo tradicional socialista en el que han perdido 3 concejales pero han conseguido conservar la mayoría absoluta. Si tras las elecciones del 2007 el PP consiguió gobernar en la mitad y el PSOE mediante pactos en la otra mitad (Córdoba con alcalde de IU) esta vez el resultado ha quedado 11-1 a favor de los populares.

Pero no sólo ha sido cuestión de grandes núcleos poblacionales donde el PP solía ganar aunque no lograba gobernar si no llegaba a la mayoría absoluta, también el cambio se ha notado en los núcleos rurales, granero de votos socialistas, y así se manifiesta si vemos como han quedado las diputaciones. En 2007 el PSOE las consiguió todas, algunas con pactos, y después del 22M sólo conserva 3: Huelva, Sevilla y Jaén. El PP se ha hecho con el resto con mayoría absoluta, algo predecible en nuestra región pero que ha llegado también a Cádiz y asombrosamente a Córdoba.

En clave nacional

En el resto de España, donde además de las municipales se votaban los gobiernos de 13 comunidades autónomas, el varapalo no ha sido menor. Bastiones socialistas como Extremadura y Castilla la Mancha también han caído consiguiendo el PP ganar en todas las autonomías salvo Asturias y Navarra donde han ganado los regionalistas respectivos, ex-populares en ambos casos (Cascos en Asturias y UPN en Navarra, socios del PP hasta hace menos de un año). En 3 no ha conseguido mayoría absoluta (Extremadura, Aragón y Canarias) por lo que habrá que esperar a la constitución de los respectivos parlamentos para ver que deparan los pactos de gobierno.


A nivel municipal la debacle socialista, una vez constituidas las corporaciones locales, se traduce en 34 capitales de provincias para el PP (31 por mayoría absoluta y 3 con mayoría simple: Huesca, Oviedo y Vitoria) y 9 para el PSOE (3 por mayoría absoluta: Cuenca, Soria y Lérida; 2 por mayoría simple: Tarragona y Toledo; y 4 con pactos donde el PP fue la lista más votada: Lugo, Orense, Segovia y Zaragoza). Las otras 7 quedan en manos de nacionalistas (Bilbao-PNV por mayoría absoluta; Barcelona y Gerona-CIU, San Sebastián-Bildu y Pamplona-UPN por mayoría simple; Pontevedra-BNG y Santa Cruz de Tenerife-CC por pactos donde ganó el PP).
Santiago y Mérida (capitales regionales de Galicia y Extremadura) y Ceuta y Melilla (ciudades autónomas) quedan también en manos del PP por mayoría absoluta.
Por lo tanto los populares van a gobernar en 38 de las 54 capitales que existen en nuestro país aunque ganó en 44. Traducido a datos porcentuales en el 70% gobernará el PP (ganó en el 81%), en un 17% el PSOE y un 13% queda para los nacionalistas.


También se pueden examinar los datos atendiendo a las grandes ciudades mayores de 250.000 habitantes como hizo Rubalcaba en su comparecencia como ministro de Interior en la noche electoral. El PSOE sólo ganó en 2 de 16 -Gijón y Hospitalet de Llobregat-, en ambas sin mayoría absoluta, aunque sólo podrá gobernar en Hospitalet puesto que en Gijón los populares han apoyado al candidato del partido de Cascos. Donde si podrán gobernar será en Vigo tras reeditar el pacto con el BNG para desbancar al PP que ganó sin mayoría absoluta, además de en Zaragoza con un tripartito con IU y CHA. Es decir, los populares gobernarán en 10 (Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Córdoba, Alicante y Valladolid), los socialistas en 3 (Zaragoza, Vigo y Hospitalet) y los nacionalistas en otras 3 (Barcelona-CIU, Bilbao-PNV y Gijón-FAC). Traducido a datos porcentuales en el 62% gobernará el PP (ganó en el 75%), en un 19% el PSOE y en otro 19% los nacionalistas.

Y por supuesto atendiendo a las diputaciones donde el PP se hace con 28 de las 38 que había en liza, 6 quedan para el PSOE (Huesca, Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Sevilla y Jaén) y las 4 catalanas para CIU. Esto en cuanto a número de diputados puesto que los pactos pueden modificar la situación final allí donde no se haya logrado la mayoría absoluta. Las diputaciones se constituirán a finales de mes.

OP: El feo de Griñán.

Tiene que estar desquiciado con el asunto de los ERE. Es la única excusa que puede presentar el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a su inexplicable ausencia en el acto de inauguración del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Bueno, esta es la interpretación amable de su plantón. Sí, porque no es razonable que el máximo responsable del Gobierno andaluz no viniera el jueves a Málaga al estreno de la pinacoteca y al día siguiente, o sea, ayer, sí fuera a la ampliación del Museo de Antequera. Que nadie me malinterprete, pues no está mal que acuda a la Ciudad de El Torcal, sino que dé la espalda de una manera tan descarada a la capital de la provincia. Vamos a ver, el consejero Plata intentaba ayer justificar tan injustificada ausencia apuntando que el Thyssen aún no está incluido en la red museística andaluza. Entonces, ¿qué pintaba en el acto el propio consejero y la representante de la Junta en Málaga? La actitud de Griñán es de un sectarismo que, sinceramente, no lo esperaba. Pensaba que tenía otra altura política. Se ha retratado al asistir a Antequera, gobernada por el PSOE y que presenta como candidata a la presidenta de los socialistas andaluces, y no pisar la calle Compañía para no posar con el popular Francisco de la Torre, alma mater del Thyssen.

La nueva pinacoteca es el acontecimiento cultural más importante que se ha celebrado no ya en Málaga, sino en toda Andalucía, en los últimos años. Pero amigo hay un detalle que no se puede obviar. El Carmen Thyssen, pese a que se intentó, no está en Sevilla, sino en territorio enemigo: Málaga. ¿Alguien se imagina que Griñán no hubiera ido a la inauguración de un museo de esta importancia a las orillas del Guadalquivir? ¿Alguien se imaginó que el alcalde de Málaga no iría al estreno del Museo Picasso, una gran pinacoteca que vino a la capital de la mano de la Junta de Andalucía? Esa es la diferencia. Griñán no debe olvidar que ocupa un cargo institucional, no de partido. Por eso, el feo que le ha hecho al alcalde de Málaga no se lo ha hecho sólo a De la Torre, sino a la institución que este representa. A Málaga, a los malagueños. Como se suele decir por aquí, Griñán ha quedado chorreando. Opinión de Javier Recio para Sur.

El Thyssen ya es una realidad.

El museo Carmen Thyssen Málaga fue inaugurado el pasado jueves con una gran repercusión mediática y es que no todos los días se inaugura un museo de estas características. Los malagueños se han volcado con el nuevo equipamiento cultural y así lo han demostrado guardando largas colas de hasta dos horas de espera en sus tres primeros días de apertura de jornadas abiertas.

Un servidor tuvo ocasión de visitarlo el primer día y merece muchísimo la pena. A partir del martes se podrá visitar ya de forma habitual, los precios no son nada caros con descuentos para grupos de edad e incluso gratuidad para desempleados, cosa que se agradece en una ciudad azotada por esta lacra.

230 obras de artistas mayoritariamente del siglo XIX pueden contemplarse en sus 7.147 m2 que comprende el antiguo palacio de Villalón, edificio del s.XVI, y varios edificios anexos de nueva construcción, contando además con una sala para exposiciones temporales, tienda, salón de actos y dependencias admnistrativas. En total 5.185 m2 de zona expositiva dividida en cuatro plantas. La planta baja dedicada al costumbrismo y paisaje romántico, la primera planta a los maestros antiguos, preciosismo y paisaje naturalista, la segunda a fin de siglo y la tercera a las exposiciones temporales.

Un gran espacio cultural que ha sido posible gracias a la baronesa Thyssen y el tesón del alcalde de la ciudad -dicho por la propia baronesa-, que aparte de su importancia como nuevo foco de atracción turística ha supuesto la renovación de una zona muy degradada del centro de la ciudad.

Unicaja se alía con Caja España-Duero

El pasado domingo, los presidentes de Unicaja y Caja España-Duero rubricaban un preacuerdo de integración que, a primera hora de ayer lunes, era comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ambas entidades están dispuestas a iniciar juntas su andadura como banco, creando el cuarto grupo de cajas por volumen de activos, con 81.000 millones de euros.

Unicaja tiene, por fin, compañera de baile. Y su elegida finalmente no es la que más ha sonado en el mundillo financiero durante los últimos meses -Ibercaja-, sino una entidad con menos de un año de vida, nacida de la fusión de la leonesa Caja España y la salmantina Caja Duero, que está obligada por el Banco de España a aumentar su nivel de capitalización en 463 millones de euros.

Caja España-Duero atesora un volumen de activos algo mayor que el de Unicaja: 46.000 millones frente a 35.000. Una ligera superioridad que se plasma también en otras magnitudes, como oficinas o empleados. Sin embargo, será la caja presidida por Braulio Medel la que dominará el nuevo banco, puesto que suyo será el 63% de su capital, según fuentes consultadas. Caja España-Duero se quedará con el 37% restante.

La idea es que el 'exceso' de solvencia de Unicaja (que tiene un capital principal de 2.450 millones de euros) compense el déficit de Caja España-Duero, al que le faltan 463 millones para llegar al listón marcado por el Banco de España. De esta forma, la entidad a la que transferirán su negocio Unicaja y Caja España-Duero no tendría que buscar otros inversores ni recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En reconocimiento a la preponderancia malagueña en el nuevo banco -que aún no tiene nombre- su presidente será Braulio Medel. Su homólogo en Caja España-Duero, Evaristo del Canto, será el consejero delegado. La sede social estará en Málaga, pero habrá tres sedes operativas en la capital costasoleña, Salamanca y Madrid. De esta manera se respetarán los servicios operativos que tienen actualmente ambas cajas.

Desde la entidad malagueña consideran esta alianza «un gran salto», ya que le permitirá duplicar su tamaño y tener una importante presencia en territorios donde su actividad era escasa o nula, como Castilla y León, Madrid o incluso Portugal. Las mismas fuentes destacan la complementariedad de sus redes de oficinas, que elimina el problema de los solapamientos. Precisamente por este motivo, y también por los ajustes de personal que ya vienen realizando ambas entidades (Caja España-Duero ha prejubilado a 846 trabajadores y Unicaja tiene un plan para reducir 500 puestos de trabajo), se prevé que su integración no resulte traumática para el empleo. Sur.

¿Devolverá la Junta la Cuenca Mediterránea a Málaga?

Os voy a poner un artículo publicado hoy en el diario Sur a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias sobre el Guadalquivir. Como bien sabrán, la Junta, tras obtener dichas competencias, elaboró una nueva política del agua que una vez más centralizaba todo en Sevilla. La Cuenca Mediterránea con sede en Málaga desde tiempo inmemorial fue trasladada a Sevilla dejando en la capital mediterránea una simple delegación, un ejemplo más del atroz centralismo juntero, ¿qué pasará ahora que ya no tienen potestad única sobre el Guadalquivir?. Espero que las aguas vuelvan a su curso, nunca mejor dicho, y a Málaga se le devuelva lo que nunca le debió ser arrebatado.

Artículo de Sur.
El 20 de septiembre de 2008 se firmaba la transferencia de las competencias estatales de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz a la Junta de Andalucía, haciéndose efectiva en enero de 2009. 'El Guadalquivir ya es nuestro', rezaba la publicidad del Gobierno andaluz para celebrar una transferencia simbólica, clave en la política del agua que el ejecutivo entonces presidido por Manuel Chaves quería acometer en Andalucía. Una política apoyada en el Pacto Andaluz por el Agua con el objetivo de garantizar el consumo y preservar la calidad ambiental de un bien desigualmente repartido en Andalucía, una comunidad atenazada por la sequía casi siempre, aunque las generosas lluvias de los dos últimos inviernos hayan hecho olvidarlo.

Con el Guadalquivir concluía así el proceso de transferencia de los recursos hídricos de Andalucía, que empezó en enero de 2005 con la Confederación Hidrográfica del Sur, luego llamada Cuenca Mediterránea, y continuó en 2006 con la Atlántica. En apenas cuatro años, el Gobierno autonómico pasó a llevar el control de tres cuencas con 5.425 hectómetros cúbicos de consumo al año. Para hacerse una idea de la importancia del Guadalquivir, esta cuenca aporta sola el 58% del uso humano (3.255 hm3). El 80% del mismo para regar 648.000 hectáreas de cultivos, olivar principalmente. Y es que el 90,2% de la cuenca se extiende por cinco provincias ocupando sus 59.000 kilómetros cuadrados el 59% de la superficie de la región.

Esta importancia hizo que la competencia del Guadalquivir se convirtiera en asunto estatutario y que fuera clave en las políticas de agua de la Junta. Tanto la Agencia del Agua, creada en 2005, como la Ley de Aguas aprobada el pasado verano, tienen en el Guadalquivir su inspiración y sentido, como claramente se dice en la exposición de motivos de la norma donde se hace alusión al artículo 51 del Estatuto.

Por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional anulando el citado artículo del Estatuto de Andalucía, que otorga a esta Comunidad las competencias exclusivas de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz, ha dejado en el aire no sólo una transferencia simbólica, sino que también deja huérfana de su pieza clave a la política de la Junta sobre el agua.

La asunción del Guadalquivir fue primordial en la decisión de sustituir la anterior administración con dirección política en cada cuenca por una centralizada en Sevilla, con delegaciones provinciales que asumirán, según la nueva ley, los delegados de Medio Ambiente. Esta estructura queda ahora en entredicho ya que el argumento del Constitucional es que no se fragmente la unidad de cuenca. Incluso la reciente y polémica ley de reestructuración del sector público puede verse afectada, ya que la Agencia del Agua cambiará su régimen jurídico administrativo merced a esta norma. En definitiva, leyes y agencias se pueden ver trastocadas por el auto del alto tribunal. ¿En qué medida?

Fuentes del Gobierno andaluz reconocen no tener claras las consecuencias del auto en la legislación andaluza. Sobre todo porque las actuaciones a tomar para dar cumplimiento a la sentencia van a depender del acuerdo político entre Junta y Gobierno para que Andalucía siga controlando las aguas del Guadalquivir con una fórmula constitucional.

Según fuentes del ejecutivo, los servicios jurídicos de la Junta advierten de que la sentencia anula el artículo 51 del Estatuto, pero no la transferencia en sí fruto del acuerdo político entre Junta y Gobierno en septiembre de 2008. En realidad, esta depende también de otra sentencia, la del Tribunal Supremo, al que acudieron empleados de la antigua Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por las mismas razones que Extremadura, por la fragmentación de la cuenca. Con la resolución del Constitucional, lo más probable es que el Supremo delibere en contra de la transferencia.

Pero hasta que la decisión se produzca o se llegue a un acuerdo con Madrid, la Consejería de Medio Ambiente seguirá gestionando la cuenca del Guadalquivir y sus cerca de 800 trabajadores transferidos desde la administración estatal se mantendrán en la autonómica, según explicaron fuentes de la Junta.

El destino laboral de los antiguos empleados de la Confederación es lo que más preocupa a los sindicatos, que este lunes reclamarán a la Junta en mesa sectorial una respuesta clara sobre su situación.

Esta aclaración es importante, ya que la Agencia del Agua, a la que fueron transferidos, se encuentra en proceso de integración con otra empresa pública, Egmasa (Gestión Medio Ambiental), para desembocar en la Agencia Andaluza de Agua y Medio Ambiente, de régimen mixto público y privado. El desconcierto de los antiguos empleados de la Confederación es lógico, repartidos por la Junta e inmersos en concursos de traslado según los acuerdos tras conocerse el cambio jurídico de la Agencia.

La sentencia puede trastocar también una ley pionera en cuestiones como los bancos públicos de agua o el nuevo canon establecido para asegurar la financiación de la depuración de aguas. Este canon, recurrido por ayuntamientos del PP a los tribunales, se debía empezar a cobrar a partir de mayo.