Os voy a poner un artículo publicado hoy en el diario Sur a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias sobre el Guadalquivir. Como bien sabrán, la Junta, tras obtener dichas competencias, elaboró una nueva política del agua que una vez más centralizaba todo en Sevilla. La Cuenca Mediterránea con sede en Málaga desde tiempo inmemorial fue trasladada a Sevilla dejando en la capital mediterránea una simple delegación, un ejemplo más del atroz centralismo juntero, ¿qué pasará ahora que ya no tienen potestad única sobre el Guadalquivir?. Espero que las aguas vuelvan a su curso, nunca mejor dicho, y a Málaga se le devuelva lo que nunca le debió ser arrebatado.
Artículo de Sur.
El 20 de septiembre de 2008 se firmaba la transferencia de las competencias estatales de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz a la Junta de Andalucía, haciéndose efectiva en enero de 2009. 'El Guadalquivir ya es nuestro', rezaba la publicidad del Gobierno andaluz para celebrar una transferencia simbólica, clave en la política del agua que el ejecutivo entonces presidido por Manuel Chaves quería acometer en Andalucía. Una política apoyada en el Pacto Andaluz por el Agua con el objetivo de garantizar el consumo y preservar la calidad ambiental de un bien desigualmente repartido en Andalucía, una comunidad atenazada por la sequía casi siempre, aunque las generosas lluvias de los dos últimos inviernos hayan hecho olvidarlo.
Con el Guadalquivir concluía así el proceso de transferencia de los recursos hídricos de Andalucía, que empezó en enero de 2005 con la Confederación Hidrográfica del Sur, luego llamada Cuenca Mediterránea, y continuó en 2006 con la Atlántica. En apenas cuatro años, el Gobierno autonómico pasó a llevar el control de tres cuencas con 5.425 hectómetros cúbicos de consumo al año. Para hacerse una idea de la importancia del Guadalquivir, esta cuenca aporta sola el 58% del uso humano (3.255 hm3). El 80% del mismo para regar 648.000 hectáreas de cultivos, olivar principalmente. Y es que el 90,2% de la cuenca se extiende por cinco provincias ocupando sus 59.000 kilómetros cuadrados el 59% de la superficie de la región.
Esta importancia hizo que la competencia del Guadalquivir se convirtiera en asunto estatutario y que fuera clave en las políticas de agua de la Junta. Tanto la Agencia del Agua, creada en 2005, como la Ley de Aguas aprobada el pasado verano, tienen en el Guadalquivir su inspiración y sentido, como claramente se dice en la exposición de motivos de la norma donde se hace alusión al artículo 51 del Estatuto.
Por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional anulando el citado artículo del Estatuto de Andalucía, que otorga a esta Comunidad las competencias exclusivas de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz, ha dejado en el aire no sólo una transferencia simbólica, sino que también deja huérfana de su pieza clave a la política de la Junta sobre el agua.
La asunción del Guadalquivir fue primordial en la decisión de sustituir la anterior administración con dirección política en cada cuenca por una centralizada en Sevilla, con delegaciones provinciales que asumirán, según la nueva ley, los delegados de Medio Ambiente. Esta estructura queda ahora en entredicho ya que el argumento del Constitucional es que no se fragmente la unidad de cuenca. Incluso la reciente y polémica ley de reestructuración del sector público puede verse afectada, ya que la Agencia del Agua cambiará su régimen jurídico administrativo merced a esta norma. En definitiva, leyes y agencias se pueden ver trastocadas por el auto del alto tribunal. ¿En qué medida?
Fuentes del Gobierno andaluz reconocen no tener claras las consecuencias del auto en la legislación andaluza. Sobre todo porque las actuaciones a tomar para dar cumplimiento a la sentencia van a depender del acuerdo político entre Junta y Gobierno para que Andalucía siga controlando las aguas del Guadalquivir con una fórmula constitucional.
Según fuentes del ejecutivo, los servicios jurídicos de la Junta advierten de que la sentencia anula el artículo 51 del Estatuto, pero no la transferencia en sí fruto del acuerdo político entre Junta y Gobierno en septiembre de 2008. En realidad, esta depende también de otra sentencia, la del Tribunal Supremo, al que acudieron empleados de la antigua Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por las mismas razones que Extremadura, por la fragmentación de la cuenca. Con la resolución del Constitucional, lo más probable es que el Supremo delibere en contra de la transferencia.
Pero hasta que la decisión se produzca o se llegue a un acuerdo con Madrid, la Consejería de Medio Ambiente seguirá gestionando la cuenca del Guadalquivir y sus cerca de 800 trabajadores transferidos desde la administración estatal se mantendrán en la autonómica, según explicaron fuentes de la Junta.
El destino laboral de los antiguos empleados de la Confederación es lo que más preocupa a los sindicatos, que este lunes reclamarán a la Junta en mesa sectorial una respuesta clara sobre su situación.
Esta aclaración es importante, ya que la Agencia del Agua, a la que fueron transferidos, se encuentra en proceso de integración con otra empresa pública, Egmasa (Gestión Medio Ambiental), para desembocar en la Agencia Andaluza de Agua y Medio Ambiente, de régimen mixto público y privado. El desconcierto de los antiguos empleados de la Confederación es lógico, repartidos por la Junta e inmersos en concursos de traslado según los acuerdos tras conocerse el cambio jurídico de la Agencia.
La sentencia puede trastocar también una ley pionera en cuestiones como los bancos públicos de agua o el nuevo canon establecido para asegurar la financiación de la depuración de aguas. Este canon, recurrido por ayuntamientos del PP a los tribunales, se debía empezar a cobrar a partir de mayo.
Artículo de Sur.
El 20 de septiembre de 2008 se firmaba la transferencia de las competencias estatales de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz a la Junta de Andalucía, haciéndose efectiva en enero de 2009. 'El Guadalquivir ya es nuestro', rezaba la publicidad del Gobierno andaluz para celebrar una transferencia simbólica, clave en la política del agua que el ejecutivo entonces presidido por Manuel Chaves quería acometer en Andalucía. Una política apoyada en el Pacto Andaluz por el Agua con el objetivo de garantizar el consumo y preservar la calidad ambiental de un bien desigualmente repartido en Andalucía, una comunidad atenazada por la sequía casi siempre, aunque las generosas lluvias de los dos últimos inviernos hayan hecho olvidarlo.
Con el Guadalquivir concluía así el proceso de transferencia de los recursos hídricos de Andalucía, que empezó en enero de 2005 con la Confederación Hidrográfica del Sur, luego llamada Cuenca Mediterránea, y continuó en 2006 con la Atlántica. En apenas cuatro años, el Gobierno autonómico pasó a llevar el control de tres cuencas con 5.425 hectómetros cúbicos de consumo al año. Para hacerse una idea de la importancia del Guadalquivir, esta cuenca aporta sola el 58% del uso humano (3.255 hm3). El 80% del mismo para regar 648.000 hectáreas de cultivos, olivar principalmente. Y es que el 90,2% de la cuenca se extiende por cinco provincias ocupando sus 59.000 kilómetros cuadrados el 59% de la superficie de la región.
Esta importancia hizo que la competencia del Guadalquivir se convirtiera en asunto estatutario y que fuera clave en las políticas de agua de la Junta. Tanto la Agencia del Agua, creada en 2005, como la Ley de Aguas aprobada el pasado verano, tienen en el Guadalquivir su inspiración y sentido, como claramente se dice en la exposición de motivos de la norma donde se hace alusión al artículo 51 del Estatuto.
Por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional anulando el citado artículo del Estatuto de Andalucía, que otorga a esta Comunidad las competencias exclusivas de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por territorio andaluz, ha dejado en el aire no sólo una transferencia simbólica, sino que también deja huérfana de su pieza clave a la política de la Junta sobre el agua.
La asunción del Guadalquivir fue primordial en la decisión de sustituir la anterior administración con dirección política en cada cuenca por una centralizada en Sevilla, con delegaciones provinciales que asumirán, según la nueva ley, los delegados de Medio Ambiente. Esta estructura queda ahora en entredicho ya que el argumento del Constitucional es que no se fragmente la unidad de cuenca. Incluso la reciente y polémica ley de reestructuración del sector público puede verse afectada, ya que la Agencia del Agua cambiará su régimen jurídico administrativo merced a esta norma. En definitiva, leyes y agencias se pueden ver trastocadas por el auto del alto tribunal. ¿En qué medida?
Fuentes del Gobierno andaluz reconocen no tener claras las consecuencias del auto en la legislación andaluza. Sobre todo porque las actuaciones a tomar para dar cumplimiento a la sentencia van a depender del acuerdo político entre Junta y Gobierno para que Andalucía siga controlando las aguas del Guadalquivir con una fórmula constitucional.
Según fuentes del ejecutivo, los servicios jurídicos de la Junta advierten de que la sentencia anula el artículo 51 del Estatuto, pero no la transferencia en sí fruto del acuerdo político entre Junta y Gobierno en septiembre de 2008. En realidad, esta depende también de otra sentencia, la del Tribunal Supremo, al que acudieron empleados de la antigua Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por las mismas razones que Extremadura, por la fragmentación de la cuenca. Con la resolución del Constitucional, lo más probable es que el Supremo delibere en contra de la transferencia.
Pero hasta que la decisión se produzca o se llegue a un acuerdo con Madrid, la Consejería de Medio Ambiente seguirá gestionando la cuenca del Guadalquivir y sus cerca de 800 trabajadores transferidos desde la administración estatal se mantendrán en la autonómica, según explicaron fuentes de la Junta.
El destino laboral de los antiguos empleados de la Confederación es lo que más preocupa a los sindicatos, que este lunes reclamarán a la Junta en mesa sectorial una respuesta clara sobre su situación.
Esta aclaración es importante, ya que la Agencia del Agua, a la que fueron transferidos, se encuentra en proceso de integración con otra empresa pública, Egmasa (Gestión Medio Ambiental), para desembocar en la Agencia Andaluza de Agua y Medio Ambiente, de régimen mixto público y privado. El desconcierto de los antiguos empleados de la Confederación es lógico, repartidos por la Junta e inmersos en concursos de traslado según los acuerdos tras conocerse el cambio jurídico de la Agencia.
La sentencia puede trastocar también una ley pionera en cuestiones como los bancos públicos de agua o el nuevo canon establecido para asegurar la financiación de la depuración de aguas. Este canon, recurrido por ayuntamientos del PP a los tribunales, se debía empezar a cobrar a partir de mayo.
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